Apéndice Financiero 19 de octubre de 2017

19 de octubre de 2017

En los tiempos difíciles, anticipación, firmeza y prudencia al timón

Recogíamos en el anterior Apéndice las dificultades existentes en determinadas parcelas para avanzar en una mayor integración en la Eurozona y mencionábamos, en este sentido, la unión bancaria.

En este Apéndice vamos tratar de aportar algunos elementos clarificadores con relación a dichas dificultades.

Al cierre del primer trimestre de 2017 existían en el sistema bancario de la Eurozona préstamos en situación de dudoso cobro por importe de 865 mil millones de euros, el 6% del crédito total.

La ratio de morosidad mostraba una notable disparidad entre las distintas jurisdicciones de la Eurozona y el volumen total de crédito insano generado por la crisis seguía afectando significativamente los balances de un buen número de bancos.

Aunque, ciertamente, las entidades de países como Irlanda y España han sido más resolutivas en la tarea de limpiar los balances -titulizando saldos importantes de dichos créditos y asumiendo pérdidas considerables-, a juicio del BCE el esfuerzo realizado en otras jurisdicciones es insuficiente. Así, seis países mantenían a dicha fecha ratios de morosidad de dos dígitos y, en el caso de Italia, la cifra de dudosos representaba el 15% del total crédito y el 20% del PIB, con un coste de mantenimiento del saldo dudoso en balance situado en torno al 2% del PIB, magnitudes que, indudablemente, lastran el crecimiento de su economía y del crédito nuevo, y constituyen una restricción notable a la necesaria consolidación del crecimiento y generación de rentas, elementos especialmente preocupantes ante un horizonte en el que hogares y empresas vislumbran la necesidad de afrontar tipos de interés más altos.

En este contexto, el Mecanismo Único de Supervisión se sitúa bajo los focos de analistas y mercados que presionan para la adopción de medidas más resolutivas que habiliten a la banca para financiar proyectos y gastos de empresas y hogares solventes, a fin de consolidar el actual crecimiento del consumo y la inversión así como la reducción del desempleo, factores fundamentales para reparar el deterioro económico y social generado por la crisis y, no menos importante, las consecuencias políticas que está acarreando dicho deterioro.

En un espacio económico como la Eurozona, donde el crédito bancario sigue representando el grueso de la financiación a empresas y hogares, la salud bancaria constituye un objetivo fundamental, tanto más cuanto el inicio de la marcha atrás en la laxitud monetaria aplicada en los últimos años –que implicará una progresiva subida de los tipos de interés y una reducción en la compra de activos-, podría incidir negativamente en la capacidad de servicio de la deuda contraída por parte de las empresas y hogares menos solventes.

Ante esta perspectiva, en los países menos afectados por problemas de morosidad aumenta el miedo a las consecuencias derivadas tanto de las malas prácticas realizadas por los sistemas financieros de algunas jurisdicciones como de la poca decisión y lentitud mostrada por quienes tienen la capacidad política de redireccionar los problemas generados por las mismas.

En este escenario, avanzar en la unión bancaria es una tarea tan poco factible como lo es la posibilidad de que quienes han funcionado bajo estándares de calidad y rigor asuman el riesgo de acabar haciéndose cargo de parte del pago requerido para solventar la situación de quienes lo han hecho bajo malas prácticas.

El BCE, consciente de esta debilidad, trata de endurecer las exigencias de saneamiento y presiona a las entidades afectadas para que desarrollen estrategias de saneamiento soportada en planes específicos de actuación.

Al mismo tiempo, el ámbito de Supervisión de la Entidad está dando los pasos previos para establecer la obligación de cubrir al 100% los préstamos que devengan dudosos a partir de enero de 2018, y estableciendo distintos plazos para la consecución de dicha cobertura atendiendo a la existencia o no de garantías subyacentes. En la actualidad, las entidades sólo están obligadas a cubrir con criterio de prudencia el crédito dudoso, cobertura que no es total en la medida en que se suele considerar recuperable parte de la deuda- . Por lo tanto, la nueva regulación aumentaría la presión, en la medida en que establece mayores exigencias en términos de  plazo y porcentaje de cobertura.

Asimismo, dada la envergadura del stock de crédito dudoso generado por la crisis, el BCE considera perentorio abordar decididamente su saneamiento, para lo que se requerirán los mencionados planes específicos de actuación.

Así, las entidades financieras se verán obligadas a apartar colaterales en la medida necesaria para cubrir en un plazo determinado la totalidad del stock de crédito dudoso. Este uso de los colaterales obligaría a las entidades a financiarse en fuentes más costosas a fin de continuar facilitando crédito.

El endurecimiento regulatorio, que a juicio del BCE incentivará la limpieza de balances, indudablemente obligará a asumir pérdidas significativas en las ventas necesarias para ello.

Nos encontramos pues ante un horizonte de asunción de pérdidas y encarecimiento de la financiación, que deberá afrontarse en un escenario de caída en el margen, propiciado por los bajos tipos de interés.

Pero, adicionalmente, las entidades financieras harán bien en seguir muy de cerca la evolución de otros factores muy relevantes para su viabilidad futura.

Recientemente, en un foro organizado por el CEPR (Centre for Economic Policy Research) se analizaba la salud del sistema financiero global y se concluía que, tras diez años de profunda crisis, éste dista de haber superado sus problemas, mostrando un nivel bajo de capital. A la vez que un buen número de entidades subsisten débiles e inseguras, con poco músculo para facilitar a la economía real incrementos significativos de la inversión y el consumo que permitan consolidar la actual tendencia de crecimiento.

Ante estas dificultades, la banca en la sombra, escasamente regulada, estaría beneficiándose de los huecos dejados por la banca tradicional lo que, por otra parte, representa un elemento adicional de incertidumbre e inseguridad, respecto a la posibilidad de una nueva crisis financiera global.

Pero dicha preocupación no sólo se recoge en estos foros sino que se refleja, asimismo, entre instituciones de estudios financieros y analistas que, en algunos casos, ponen en entredicho el nivel de capital establecido por los reguladores. Consideran positivo  el camino recorrido, pero no así el nivel alcanzado.

Argumentan, en este sentido, que el capital es una construcción contable, cuya medición es, en algunos casos, cuestionable, especialmente en la medida en que la diferencia entre el conjunto de los activos (entre ellos el crédito), por un lado, y las responsabilidades asumidas (entre ellas depositantes y bonistas), por otro, puede resultar excesivamente pequeña considerando la notable magnitud de activo y pasivo, circunstancia que podría generar altos niveles de inestabilidad y riesgo en momentos de crisis como la producida en los últimos años.

A juicio de estas instituciones y analistas, el nivel regulatorio de capital actual -que eleva considerablemente los niveles previos a la crisis- representa una notable mejora, si se considera lo absurdamente bajo de aquellos niveles pero, al mismo tiempo, cuestionan la suficiencia del nivel establecido, que juzgan de excesivamente complaciente, especialmente en la medida en que dudan del rigor de los modelos utilizados y las mediciones realizadas para conformarlos.

Sin embargo, no aportan un nivel de capital deseable sino una aproximación tentativa: “incrementar el nivel regulatorio hasta que ir más allá dañase al conjunto de la economía”.

¿Prueba y error?

Ciertamente, consideramos que éste es un método con el que se debe ser especialmente cuidadoso cuando el objeto sobre el que se aplicaría es de gran trascendencia: el sistema financiero, esto es, la fuente de financiación mayoritaria de la economía real en la Eurozona.

El rigor siempre es deseable. La experimentación lo es menos.

En cualquier caso, recogemos en este Apéndice dicho debate porque, en el contexto actual de endurecimiento regulatorio mencionado en párrafos anteriores, entendemos que las entidades financieras harían muy bien en organizar su gestión y definir su estrategia teniendo en consideración los peores escenarios previsibles y, uno de ellos, estaría representado por un notable endurecimiento regulatorio en un escenario de escaso margen financiero. En materia de planificación hay que tener cubiertos todos los flancos.

Por otra parte, claramente, el BCE pretende reducir el número de entidades en la Eurozona, atendiendo para ello a criterios de tamaño, eficiencia y rentabilidad óptimos.

A este fin, la autoridad monetaria analiza el nivel de capital, los modelos internos que cuantifican las ponderaciones de riesgo, las reformas estructurales abordadas, el nivel de activos dudosos o la vulnerabilidad a shocks financieros, económicos y geopolíticos –tanto internos como externos-.

En una conferencia desarrollada en el foro mencionado anteriormente (CEPR), Tamim Bayoumi (FMI) mostraba cómo una decisión substancial adoptada en 1996 por el Comité de Basilea, que permitiría a los bancos usar modelos internos para evaluar el riesgo, cambió una relación fundamental, especialmente en Europa: antes de 1996 las entidades con ratios más elevadas de activo ponderado por riesgo respecto a capital core eran, al mismo tiempo, aquellas que tenían las ratios de endeudamiento mayores. A partir de dicho año la relación entre ambas ratios se rompió. Este miembro del FMI concluía que un buen número de los mayores bancos aprendieron a jugar con el sistema retocando los modelos de riesgo.

Pero, el máximo rigor de los modelos utilizados para la medición de los riesgos es una exigencia inexcusable, como bien se apunta desde el propio BCE, conocedor de que la reducción de los activos es una alternativa al incremento del capital y de que, bajo la presión generada por el actual contexto de bajos tipos, alguna entidad podría estar tentada a deshacerse de los activos menos rentables y mantener los de mayor rentabilidad, incrementando el riesgo relativo.

El BCE no solo tiene en consideración el nivel de capital, analiza asimismo la exposición al riesgo.

La actual evolución de los análisis y debates de relevancia para el Sector, así como los riesgos en los que los mercados centran sus focos, deben representar para las entidades financieras una inexcusable alerta de actuación y reflexión: si no forman parte del Grupo capaz de resistir con éxito un análisis profundo realizado sobre la base de las premisas mencionadas –tamaño, rentabilidad y eficiencia-, deben preparar toda su organización para moverse aceleradamente en esa dirección.

Y, mientras tanto, gestionar cubriendo todos los flancos, desde la perspectiva de todos los posibles endurecimientos regulatorios, pero fundamentalmente de aquellos que podrían tumbarlas, porque pintan bastos.

Especialmente cuando confluyen exigencias que, en última instancia, resultan relativamente contrapuestas, las entidades financieras –en función de su capacidad de respuesta y dentro de lo posible-, siempre desde una imagen de actitud diligente, deben saber jerarquizar su adaptación a dichas exigencias, estableciendo prioridades de cumplimiento tanto ante el BCE como ante los mercados, y poner en marcha toda su maquinaria para satisfacer lo que se sitúe en las primeras posiciones de exigencia, racionalizando recursos y esfuerzos.

Decíamos en el anterior Apéndice que los salvadores que esperábamos éramos nosotros. Esta afirmación tiene pleno sentido en el caso de los bancos.

Mencionábamos en párrafos anteriores la exigua factibilidad de que se produzca un avance significativo en la dirección de un fondo de garantía único en la Eurozona. Esto será así en tanto se mantengan las condiciones actuales y las notables divergencias existentes entre los sistemas financieros de las distintas jurisdicciones.

Allí donde se ha avanzado menos en las reformas estructurales y en la limpieza de balances, y donde la regulación necesaria en aspectos como la insolvencia se manifiesta especialmente lenta y poco ambiciosa, crece la alarma ante las exigencias regulatorias comentadas, y se organiza la resistencia. No es el camino. Estas jurisdicciones tienen una alta probabilidad de verse abocadas a futuros rescates bancarios, lo que implicaría contravenir la regulación actual. Rescates que, difícilmente, aquéllos que representan las buenas prácticas estarán dispuestos a asumir, en ninguna medida. Especialmente en el contexto político actual.

Cuando, efectivamente, pintan bastos, el interés propio se agranda y los caminos se estrechan. Cada palo se ve obligado a aguantar su propia vela. Las situaciones se extreman y se ven extrañas alianzas que, frente a la racionalidad, disponen de pocas más opciones que sucumbir abismados.

Son tiempos para mantenerse, impasibles, aplicados a la tarea. Tiempos en los que, sobrevivir, exige cumplir, hacer lo necesario y, desde el equilibrio ponderado, tratar de anticiparse a los acontecimientos con las manos firmes en el timón para evitar, en lo posible, movimientos bruscos..